Protesta magisterial contra mascarada de reforma educativa

Por Aurelio Cuevas (Sociólogo)

Maestros de  Edo.Guerrero en Paseo de la Reforma. 5 de marzo 2013.

Desde principios de marzo se han dado vigorosas movilizaciones sociales en Guerrero y Oaxaca en contra de los cambios efectuados a los artículos 3º y 73º de la Constitución, que introducen respectivamente las figuras  del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y de Servicio Profesional Docente, con las que se busca calificar las aptitudes y permanencia de los maestros en el sistema educativo nacional. De este modo los mentores han alertado sobre una gran ausencia en la aprobación de tales modificaciones: las organizaciones magisteriales (SNTE, CETEG y CNTE) y las asociaciones civiles interesadas en la función social de la escuela pública.

¿A qué se debe la falta de presencia de tales actores en la elaboración de la mal llamada “Reforma Educativa”? La respuesta es: su aprobación no partió del diagnóstico de las necesidades educativas a lo largo y ancho del país, sino que es un acatamiento a las premisas de la Organización de Países para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)  centradas en la eficiencia, la eficacia, la competitividad, entre otras consideraciones, todas ligadas a una visión empresarial de la razón de ser de la escuela pública.

Paradójicamente la tan citada “Reforma Educativa” desecha los valores humanistas y de promoción de una identidad nacional en el trabajo docente, privilegiando en cambio las dimensiones de calidad y evaluación del mismo sin hacer mención explícita de que se entiende por ambas cosas. Es más con el llamado Servicio Profesional Docente se excluye a los egresados de las normales públicas dado que solo quienes tengan título de licenciatura podrán incorporarse al mismo. En consecuencia tal iniciativa gubernamental –inducida como se ha dicho desde el “más allá mundo”-  somete al magisterio de las escuelas públicas a un proceso selectivo y de control que disgrega su identidad colectiva y su tradición organizativa.

El esquema de reforma pone también de relieve el rubro de “autonomía escolar”, que implica el trabajo 
conjunto de los padres de familia con el equipo directivo para ayudar en los gastos de sostenimiento de la escuela. La aplicación antidemocrática de este sino descentralizador refleja la creciente irresponsabilidad gubernamental hacia los requerimientos económicos de la “escuela pública”, sobre todo de la ubicada en zonas marginadas.  

Así, con el sometimiento de la escuela pública a criterios ajenos a su herencia histórica se quiere repetir con los maestros “la ley del garrote” aplicada al gremio electricista con el cierre de Luz y Fuerza del Centro a fines de 2009, pero la resistencia de los primeros es más férrea en Guerrero y Oaxaca debido a que en tales entidades los problemas educativos son más críticos. Al parecer van a incorporarse al movimiento el magisterio de Morelos y una parte significativa del radicado en Michoacán.     

Las expresiones de respaldo tanto al gobierno de Peña Nieto como a los maestros movilizados no se han hecho esperar: diversas organizaciones empresariales, las corporaciones mediáticas como TELEVISA y los partidos del Pacto por México (PRI, PAN y PRD) están con el primero, mientras que los grupos de autodefensa (Policía Comunitaria), ligas de ejidatarios y promotores de MORENA (el nuevo partido obradorista) se han alineado con los segundos. Entretanto la opinión pública nacional se halla cada vez más atenta y sensibilizada en torno a la evolución de los acontecimientos.