sábado, 21 de junio de 2014

México: un país violento para el ejercicio periodístico

Palabras silenciadas que se convierten en una lucha diaria

“Nos revelamos a la intención de ponernos una mordaza.
Estamos aquí porque decidimos luchar contra el silencio”.
#Prensa No Disparen

Concentración D.F del colectivo “Prensa No disparen”. Febrero 2014.
Foto por Nayeli Valencia.
Jueves 8 de mayo 2014.
Por Anabel Lugo, Nayeli Valencia y Mónica Vázquez.

México es uno de los países, donde la violencia contra el gremio periodístico sigue presente. A pesar de que organizaciones y asociaciones defensoras han hecho diversos llamados al gobierno, este problema aún no cesa. De acuerdo con Artículo 19, durante el 2014 disminuyeron un 80% los homicidios y las desapariciones a periodistas, pero aumentaron en un 43% los ataques, amenazas y violencia física, situación que nos habla sobre la incuria del Estado mexicano para salvaguardar la actividad periodística.

Al respecto, Víctor Ruíz, integrante de la Casa de los Derechos de los Periodistas A.C., fundada en agosto del 2010 por un grupo de 4 abogados y 12 periodistas, comentó que “lesiones, asesinatos, desapariciones forzadas, daño a propiedad privada, robo de equipo de trabajo y atentado a instalaciones de medios de comunicación son las denuncias mayormente recibidas”, sin olvidar el desplazamiento interno, el cual es muy grave en México, pero lamentablemente no ha recibido atención ni por la sociedad, ni por el gobierno.

Desde hace más de 20 años la violencia ha mermado el ejercicio de periodistas,  comunicadoras y comunicadores. Evidentemente, ningún caso responde a los mismos patrones, lo cual permitió que la asociación efectúe protocolos de seguridad  específicos.
La labor de la  Casa de los Derechos de los Periodistas se basa en sus seis objetivos principales: protección y acompañamiento a periodistas; estudios, monitoreo de medios y propuestas legislativas; capacitación a integrantes para la elaboración de protocolos; enlace con organismos e instituciones,  enfoque hacia le denuncia de género y la transparencia en la coordinación de actividades.
Diariamente, la asociación realiza un monitoreo de medios que arrojan datos sobre agresiones contra periodistas. Cuando se detecta algún caso, se da seguimiento y piden a sus enlaces (integrantes ubicados en los estados de la República) informar con mayor detalle sobre lo sucedido para apoyar a la víctima.
“Primero se recurre a la familia para cuestionarle de las decisiones de seguridad que se tomarán. Posteriormente nos asesoramos con abogados y organizaciones de Derechos Humanos”, explicó Víctor Ruiz.
De acuerdo con la organización antes mencionada, la mayoría de las agresiones registradas son contra hombres. Sin embargo, la Agencia de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) publicó en abril del 2014 que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció un sesgo de género respecto a la violencia contra mujeres periodistas, la cual, se basa en las construcciones sociales de género: asesinatos, violencia sexual, acoso sexual, intimidación, abuso de poder y amenazas.
Del mismo modo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México documentó 41 agresiones contra 25 defensoras y mujeres periodistas de enero a marzo del 2014. 

Fuente Cimac. 8 de marzo 2014


“La violencia a periodistas nos llegó de repente, no estábamos preparados. La primera reacción fue lo práctico, aunque nos falta teorizar protocolos de seguridad. En México no contamos con alguno, Artículo 19  y el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) formularon uno, basado en asociaciones colombianas y argentinas”, opinó Víctor Ruíz.





Concentración por la Fundación para Libertad de Expresión (Fundalex). Abril 2014. Foto tomada
del blog Entre Líneas.

En el 2011 se aprobó la Ley para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bajo la cual se pretende brindar refugio y atención especializada, pero esto sólo es “discurso disfrazado” porque no existen los instrumentos administrativos ni políticas públicas para que se lleven a cabo dichas acciones.

Censura a los medios
Las agresiones contra medios de comunicación son, fundamentalmente: el veto publicitario, allanamiento y acoso judicial. Flor Goche, periodista de Contralínea, quien tiene estudios en feminismo, seguridad nacional y una maestría de Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), expresó en entrevista, que la revista no ha escapado a dichos ataques.
La revista Contralínea cuenta con casos emblemáticos de violencia contra periodistas, como Miguel Badillo y Ana Lilia Pérez. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hizo una recomendación al estado mexicano ya que por medio de la omisión y comisión viola los derechos humanos de quienes laboran ahí. Asimismo, acreditó el veto publicitario y acoso judicial como formas de censura por la línea editorial de la revista.
Flor Goche ha sido víctima de las acciones gubernamentales en contra de la revista. El veto publicitario ha reducido los ingresos de la publicación, situación que ha limitado en varias ocasiones los pagos salariales.
A pesar de esta situación, la periodista de Contralínea es firme en su profesión, la pasión y el compromiso social. Considera que la protección de periodistas comienza a partir de la escritura: “Desde que escribes piensas que es una labor donde siempre tienes debes estar alerta y cuidar cómo redactas. El periodismo en México ha hecho que te hagas hábil en la escritura. Es una autoprotección; puedes declarar algo con sutileza”, explicó Flor Goche.
Para la periodista mexicana, Flor Goche, la importancia de esta profesión radica en aportar, a través de escritos u otra forma de comunicación, esas posibilidades de construir cambios desde los espacios de redacción.
Es evidente que la violencia contra periodistas y la libertad de expresión siguen vigente. Basta mencionar que a través de un marco jurídico se pretende reducir la libertad de expresión y afectar los derechos humanos de la ciudadanía al modificar el artículo 29 constitucional para suspender las garantías individuales de las personas si el presidente Enrique Peña Nieto lo considera pertinente por alguna situación de violencia. 









El portal Animal Político, en febrero de 2014, afirmó que entre 1992 y 2013, fueron 73 periodistas e integrantes de medios de comunicación asesinados, de los cuales el 88% de los casos continúan impunes y un 8% se lograron resolver jurídicamente, información declarada por el Comité para la Protección de Periodistas.

Ante la situación, Víctor Ruíz comentó que la recuperación de la seguridad nacional tardara décadas. “En Colombia después de 20 años empezó a estabilizarse la impunidad. A México le falta. La sociedad debe unirse con el gremio. A todos nos está pegando la violencia. ”.


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