martes, 10 de febrero de 2015

Impunidad: la lucha contra el silencio “A nuestras muertas y desaparecidas ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha”

Por Mónica Vázquez Delgado
@MnicaVzquez2
En agosto 2014, el medio Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) presentó su informe del análisis legal: “Impunidad: Violencia contra Mujeres Periodistas” en el Centro Cultural España.

“Documentar las condiciones que enfrentan las mujeres periodistas para hacer su trabajo, reconocer su situación de desigualdad, es sin duda, un paso para romper la impunidad. Es romper el silencio y poner luz donde la oscuridad permea, esa aliada a los poderosos que buscan mantenernos en el anonimato”. Lucía Lagunes Huerta, directora editorial de Cimac y coordinadora general del informe

Alda Facio, jurista, especialista en Género y Derechos Humanos escribió en el informe, que el concepto impunidad proviene del derecho penal y significa “la falta de castigo para los perpetradores de delitos y por ende, está centrada en éstos y no en las víctimas”.
La jurista hace mención que la exigencia del fin de la impunidad, essancionar penalmente a los responsables. Asimismo, describe que muchas veces la impunidad resulta estrategia del Estado para poder argumentar o consolidar sus prácticas “político-militares-policiales”.

“Las mujeres tenemos que exigir al Estado que cumpla con su obligación de erradicar, sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres. No deberíamos enfocarnos sólo en pedir la sanción o el castigo de los que cometen actos violentos. Debemos tener claridad que eso es lo que estamos haciendo cuando centramos nuestras demandas en el fin de la impunidad”. Alda Facio.
Dentro de las especificaciones que redactaAlda, es que los Derechos Humanos (DDHH) no tienen la capacidad de castigar penalmente, su enfoque es guiar al Estado en cuanto al castigo hacia los autores de violaciones humanitarias. Los gobernantes deben respetar, proteger y garantizar los DDHH, que en el tema de las mujeres periodistas violentadas, el informe lo expone de la siguiente manera:
Respetar significa que el Estado tiene que reconocer en su legislación el derecho a toda mujer a una vida libre sin violencia; proteger es que existan instituciones para ladenuncia ante actos de violencia así como reparación del daño y garantizar, es el deber de adoptar, implementar, monitorear, evaluar los planes, programas y conductas para la erradicación de la violencia.
Yunuhen Rangel Medina, parte del equipo de investigación y estadística escribió el capítulo “Marco normativo. Avances legislativos sin reflejo en el acceso a la justicia de las periodistas” para el informe. En éste, se explica que nuestro país carece de una normatividad específica para los actos violentos en el quehacer de las periodistas.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAM-VLV), vigente desde 2007, establece en su Artículo 1 a “la violencia como un asunto estructural que impacta en todos los ámbitos, privados y públicos”; sin embargo, no existe algún diseño o protocolo que trate el tema exclusivamente de casos en la desaparición, amenaza o asesinato a comunicadoras.
También, por ejemplo, la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (LPPDDHP) en su Capítulo IX, explica que los estados deben “contemplar acciones conjuntas para facilitar la operación eficaz a través de enlaces, intercambio de información oportuna, de experiencias técnicas”, pero, de acuerdo a la página de la Secretaría de Gobernación, informó que hasta marzo 2014, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tlaxcala y Distrito Federal no habían firmado el acuerdo que estableció la LPPDDHP.
En el caso internacional, la Convención de Belem de Pará, adoptada en Brasil en 1994 y ratificada en 1998 en México, es encargada de la erradicación de la violencia contra las mujeres. En su Artículo 4, expone que todas las mujeres “tienen derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones, entre otros”, es decir, las periodistas no deben ser excluidas del reconocimiento de estos derechos.
Metodología y análisis de los casos: informe Cimac
En el informe se analizaron cuatro casos y los estudios se realizaron con base en la revisión documental. Los ejes para el análisis fueron: resumen de ejecutivo, es decir la violencia de género en el periodismo; análisis procesal, el recuento de investigaciones ministeriales donde se tengan identificados los casos; indicadores en materia de debida diligencia o debido proceso con perspectiva de género, los estándares de organismos internacionales de protección a DDHH con enfoque de género; derechos de las mujeres víctimas de violencia, la protección que recibieron las víctimas y las conclusiones, donde se establecieron elementos que deben modificarse para garantizar el derecho a las periodistas en la libertad de ejercer su profesión. 
Los estudios de caso fueron: Cimac, medio que sufrió robo y allanamiento en sus oficinas; Ana Lilia Pérez Maldonado, proceso civil por daño moral contra la libertad de expresión, aspecto que fue consecuencia de que la comunicadora saliera del país; Regina Martínez Pérez, feminicidio que mostró la desacreditación de su labor periodístico y Lydia Cacho Ribeiro, defensora de los DDHH y periodista que fue acusada por difamación, víctima de tortura por parte de la violencia institucional.
“La criminalización en sí misma no es un hecho delictivo, sino que se entiende como una construcción social para etiquetar y generar culpable en torno a un acontecimiento. Este estereotipo se reproduce sobre todo en mujeres”. Informe Cimac.
Para los casos analizados, el de Lydia Cacho fue el que más tratamiento mediático se le dio, sin embargo, la manera de presentar la información, tanto para la de la periodista, como el de los otros tres casos, fue priorizando la fuente oficial, el discurso de las autoridades, criminalizando el quehacer periodístico y a las comunicadoras.
Por ejemplo, en el caso de la periodista Regina Martínez de revista Proceso, sólo el 28% de los medios habló de su profesión, el 17% para Ana Lilia y el 5% para Cimac, es decir, no se reconoció la profesión ejercida por mujeres.
Con base en los resultados obtenidos de la investigación por parte de Cimac, de 2012 a 2013: fueron 86 casos impunes, de los cuales, seis de cada 10 periodistas en prensa escrita fueron violentadas; dos de cada 10 que laboraban en medios digitales y una de cada 10 quienes trabajaban en televisión. El 56% de las periodistas violentadas eran reporteras, 50% tenían asignada la fuente Política y el 64% de ellas, sus agresores fueron funcionarios públicos.
En el 2012 se registró un 45.3% de violencia contra mujeres periodistas, para 2013 fue un 54.8%, es decir, un incremento del 20.5%.
Los estados con mayor acentuación de violencia fueron: Distrito Federal Veracruz, Morelos, Chiapas, Puebla y Oaxaca. Los cargos de las periodistas mexicanas más riesgosos para ejercer su profesión son: reportera, fotoreportera, periodista independiente (freelance), jefa de redacción, corresponsal, conductora/locutora y columnista.
Las fuentes periodísticas donde existe mayor índice de violencia hacia las comunicadoras: Política, donde el tema que más riesgo tuvieron las periodistas durante el ejercicio de su profesión fue el de la corrupción con un 23.2%.
Violencia psicológica ocupó el primer lugar en la lista ante la criminalización de las periodistas en su labor; después la verbal, la física, la patrimonial y la sexual. De este tipo de violencia se desencadena las modalidades, que con base en la investigación, la violencia institucional es la primera en ejecutarse hacia las comunicadoras, luego la comunitaria, la laboral, la feminicida y la familiar.
Los tipos de agresores fueron: 30% funcionarios administrativos, 19.i8% policías federales, 15.1% no identificados, 10.5% policía estatal, 5.8% el medio de comunicación al que pertenecían, 4.7% civil, 3.5% algún militante de partido político, 1.2%administrativo de seguridad o empresario. El 75% de los casos denunció los hechos violentos, de los cuales, ninguno procedió o se resolvió.
El informe de Cimac concluye con una recomendación al Estado mexicano, en hacer transversal en su política la perspectiva de género y también en el periodismo. A los medios de comunicación les mencionan su deber para capacitarse en materia de seguridad y la creación de códigos de ética que priorice la seguridad de las y los periodistas. Finalmente, escriben a la sociedad civil para que continúen documentando y se atienda la violencia desde lo penal, desde los DDHH y con perspectiva de género.
“Las periodistas somos la voz y los ojos de miles de personas que ven violentados sus derechos humanos, todos los días en este país. Nuestra tarea de poner luz a la oscuridad donde los poderosos crecen y se reproducen es motivo de la violencia que padecemos las periodistas. La luz pone nombre y rostro al abuso del poder, fractura a la impunidad cómplice del silencio y ocultamiento”. Lucía Lagunes Huerta.

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