Aurelio
Cuevas (Sociólogo)
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| Jornaleros de San Quintín |
Desde
los años 80´s ha crecido la importancia del Valle de San Quintín (municipio de
Ensenada, Baja California) como región agro exportadora y receptora de una gran
migración indígena procedente de los estados de Oaxaca y Guerrero. Con la
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio en 1994 ambos procesos se
conjugaron con un sistema de bajos salarios y explotación extrema de la mano de
obra.
En
este contexto el 17 de marzo del 2015 los trabajadores de la “Alianza de
Organizaciones por la Justicia Social en el Valle de San Quintín” se fueron a
huelga y cerraron la única carretera que atraviesa la península, en demanda de
un aumento salarial de 300 pesos (su salario promedio era de 110 pesos diarios por
jornadas de sol a sol) y de prestaciones sociales básicas.
La
protesta de los jornaleros recibió el apoyo de varias organizaciones del país(como
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Central Campesina
Cardenista y la Nueva Central de Trabajadores) y desde Estados Unidos tuvo
respaldo del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales. Ante esta
circunstancia el gobierno peñista apremió la búsqueda de un acuerdo entre los trabajadores
y los empresarios de San Quintín.
El
4 de junio - a más de dos meses de paralizada la cosecha de fresa, pepino y
otros cultivos- representantes de los jornaleros, del patronal Consejo Agrícola
de Baja California y del gobierno (estatal y central) acordaron un salario que fluctuará
entre 150 y 180 pesos al día (entre un 18 y 20% de aumento) con base en la
“capacidad económica” de cada empresa. Además, los trabajadores obtuvieron más
paga por el trabajo a destajo y un bono proporcional al tiempo laborado durante
el año.
Otras
demandas laborales quedan pendientes: los malos tratos, el acoso sexual, el trabajo
infantil, la carencia de seguridad social y la exposición a pesticidas, pero
solo se remontarán en la medida que los trabajadores fortalezcan su
organización laboral y que las autoridades hagan válidas las leyes del trabajo
existentes. Una exigencia más de los jornaleros fue el reconocimiento de la
“Alianza de Organizaciones de San Quintín por la Justicia Social” como organización
independiente del sindicalismo oficial (CTM, CROM y CROC), y con capacidad de interlocución
con las autoridades federales del trabajo.
Existen
dos exigencias más de los trabajadores que no tuvieron la misma difusión pero
que enmarcan su condición de vida; una es la provisión de servicios públicos
básicos (viviendas con agua y electricidad, guarderías, hospitales) en un
territorio que a paso acelerado se convierte en gran ciudad (actualmente se
calcula que radican en la zona poco más de 90 mil almas).
Una
segunda petición es desligar a San Quintín de Ensenada (ciudad ubicada a 170
km. al norte) que concentra los servicios públicos. Otras ciudades como Tijuana
y Mexicali (que se hallan en la frontera) están a 300 km. de la zona agrícola.
En la consulta pública efectuada en el 2012 los
pobladores del valle se inclinaron por su conversión en el sexto municipio de
Baja California.
Sin
embargo, al poco tiempo de los acuerdos del 4 de junio los trabajadores de San
Quintín denunciaron que las Secretarías de Gobernación y del Trabajo y
Previsión Social cambiaron en su texto la figura del “salario base” por la del “salario
integrado”, con lo cual se beneficia a los empresarios porque el incremento real
es inferior al originalmente reconocido por las partes.
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