lunes, 6 de marzo de 2017

Andrés Manuel López Obrador (2)

Alejandro Mario Fonseca
El peje lagarto es un pez de raro aspecto que debe su nombre precisamente a que su cabeza parece la de un lagarto y su cuerpo es un pez. No falta quien diga que es una especie de "eslabón perdido" entre peces y saurios: realmente parece un reducto prehistórico.
Abundante en las aguas de los ríos tabasqueños, el peje lagarto es un platillo que les gusta a todos. Su sabor, muy agradable, le recordará ligeramente al cazón, sólo que más delicado.
Con él se pueden preparar desde una sencilla empanada hasta una ensalada o aún mejor: el famoso chirmol, guiso chontal que pervive hasta la actualidad con toda su autenticidad indígena, ya que se elabora con semilla de calabaza y tortilla quemada.
El “peje” es el sobre nombre popular de Andrés Manuel López Obrador, no podían haberle puesto un mejor apodo. Además de ser tabasqueño y conservar un acento cantadito con jotas en lugar de eses, él es la mejor representación viviente de un político mutante: en transición.
Rompió con el PRI y se radicalizó, quiere ser un político de izquierda moderna, como la socialdemocracia europea, pero no ha podido romper plenamente con las peores tradiciones dinosáuricas más recalcitrantes del priismo: la corrupción, el populismo y las movilizaciones de masas como instrumento legitimador.

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Los videoescándalos y el desafuero
Los "videoescándalos" se dieron a conocer en marzo de 2004 cuando algunos vídeos de políticos cercanos al “Peje” fueron tomados con cámaras ocultas y posteriormente hechos públicos.
La mayoría de ellos implicaban a colaboradores cercanos de López Obrador, entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México: destacando su secretario de finanzas Gustavo Ponce y su ex-secretario particular René Bejarano, grabados en transacciones corruptas.
Se trató de escándalos mayúsculos. Ponce era un jugador enviciado que en las Vegas gastaba enormes cantidades de dinero en apuestas y en consumo de bebidas. La PGR  lo acusó de usar 3 millones de dólares de los fondos de la ciudad.
El segundo escándalo vino cuando René Bejarano, anteriormente secretario particular de Andrés Manuel López Obrador y más tarde diputado local, fue grabado en vídeo aceptando 45.000 dólares en efectivo.
El vídeo fue revelado el 3 de marzo de 2004 en el programa del payaso Brozo en Televisa. Bejarano adujo que el dinero que le dio Carlos Ahumada (un empresario argentino que trabajaba para el gobierno del D. F.) era una contribución para financiar la campaña política de Leticia Robles.
Televisa además exhibió otros graves actos de Carlos Ímaz y Ramón Sosamontes que fueron junto con los anteriores la cúspide de la descomposición ética y política del entonces partido más importante de la izquierda
Desde luego que estos hechos aparecen el día de hoy como pecata minuta comparándolos con la desenfrenada corrupción que estamos viviendo en los tres órdenes de gobierno; el problema de fondo es que el “Peje” no reaccionó con energía ni de inmediato.
Debió de haberse distanciado rápidamente de  los escándalos y no lo hizo. Fue demasiado cauto, y lo peor fue que adujo en ambos casos “conspiración de la mafia en el poder” para desacreditarlo: el famoso “complot”.

El proceso de desafuero y la legitimidad basada en las movilizaciones masivas
El cargo de jefe de gobierno, como muchos otros cargos de elección popular en México, provee a quien lo ejerce de inmunidad contra procesos judiciales. Esta inmunidad jurídica se conoce popularmente como "fuero constitucional" y puede ser removida a solicitud de una autoridad judicial y dicha solicitud debe aprobarse por el voto mayoritario en la Cámara de Diputados.
En el 2004 la PGR, a solicitud expresa del Poder Judicial de la Federación, solicitó a la Cámara de Diputados el inicio del proceso para retirar la inmunidad jurídica a Andrés Manuel López Obrador por su presunto desacato a una orden judicial.

El hecho fue muy polémico en su momento y provocó el enfrentamiento entre el presidente Vicente Fox y el gobierno de la ciudad de México. A todas luces se trató de un montaje político para impedir la candidatura del “peje” a la presidencia de la República en el año 2006.
Y es que el pretexto para la acción de desafuero fue ridícula. El poder judicial otorgó una "suspensión definitiva" a favor del dueño de un predio denominado El Encino en el área de Santa Fe, que había sido expropiado en el año 1989 por el gobierno del D. F.

La resolución obligaba al gobierno de la ciudad a suspender la construcción de una calle de acceso a un hospital privado sobre dicho terreno. Sin embargo el gobierno no cumplió con la determinación de la Corte.

Entonces, buscando legitimidad, el “Peje” organizó movilizaciones masivas en el Zócalo de la ciudad de México y además contó con el apoyo de prácticamente todas las izquierdas; todo esto obligó al presidente Fox y a los panistas aliados con los priistas a recular: alegando “irregularidades” la PGR y el  Ministerio Público se desistieron del proceso y el expediente fue cerrado.
Cómo veremos, desde entonces el monstruo de la corrupción no ha dejado de acosar a López Obrador y su principal defensa ha sido la movilización de masas: una combinación desafortunada, ya que desemboca en el populismo.

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